El comité de expertos para la reforma fiscal que prepara el Gobierno está avanzando en el encargo de buscar fórmulas para que el impuesto de Patrimonio sea obligatorio en toda España.

Los académicos coinciden en que es necesario establecer un tipo mínimo para que el pago del tributo sea efectivo en todo el país, evitando así que las bonificaciones que establecen las comunidades autónomas generen grandes ventajas fiscales en unos territorios respecto a otros Es decir, lo que desde el Ministerio de Hacienda bautizan como el ‘dumping fiscal’.

El Ejecutivo no tiene sobre la mesa la eliminación del impuesto de Patrimonio, a pesar de que España es el único país de la UE que aplica este tributo que grava el patrimonio de las personas físicas y se aplica sobre el valor de sus bienes, y que actualmente afecta a más de 200.000 contribuyentes. De hecho, el encargo al comité de expertos fue claro: encontrar la manera de hacer efectiva la tributación, aumentar la recaudación y generar riqueza a la sociedad.

Está previsto que las conclusiones de los académicos se hagan públicas a final de mes y de momento barajan dos alternativas: establecer un tipo mínimo de tributación o  dejar ese cometido en manos del Ministerio liderado por María Jesús Montero.

De momento no hay consenso sobre qué opción elegir, aunque expertos como Valentí Pich, presidente del Consejo General de Economistas de España, defienden que lo más conveniente es no poner tipos mínimos de tributación. De hecho, propone eliminar este impuesto y mantener el de Sucesiones (que también grava la riqueza), así como sus bonificaciones, aunque no descarta aplicar ajustes. 

La patronal Foment del Treball también se inclina por eliminar Patrimonio y afirma que acercar la presión fiscal de España a la media europea podría ser contraproducente, sobre todo en un momento de recuperación económica. Además, muchos economistas y organismos de estudios, como el IEE, recomiendan suprimir esta figura.

En cambio, otras propuestas apuestan por establecer una doble escala de tributación. La Generalitat de Cataluña, por ejemplo, recomienda esta opción, similar a la que existe en el IRPF (que tiene un tramo estatal y uno autonómico) para garantizar el pago de Patrimonio al margen de los incentivos que pueda establecer cada región.

Actualmente Madrid establece una bonificación del 100%, mientras que Aragón, Extremadura, Cataluña y Comunidad Valenciana son las regiones donde más pagan los contribuyentes.

Por ejemplo, por un patrimonio de 800.000 euros, excluyendo de esa cifra la vivienda habitual, el impuesto supondría unos 200 euros en regiones como La Rioja, Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha o Canarias y los más de 1.000 euros en Aragón y Extremadura. En Comunidad Valenciana, el pago sería de más de 900 euros y en Cataluña, de unos 770 euros. En Madrid, en cambio, el contribuyente no tendría que pagar ni un céntimo.

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https://www.lavanguardia.com/economia/20220215/8057401/impuesto-patrimonio-reforma-cambios-sistema-fiscalidad-expertos.amp.html